de crônicas e críticas da América Latina de Pedro Ayres
La crisis política que vive Honduras tras el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya sigue sin solución por la falta de un acuerdo entre las comisiones de diálogo, que aunque por primera vez identificaron dos salidas, las diferencias entre estas estancaron nuevamente las conversaciones.
Zelaya dijo hoy a Efe que él practica "la no violencia activa" y aboga por una lucha "pacífica" contra el Gobierno de facto, que preside Roberto Micheletti, para quien pidió más sanciones comerciales y económicas.
Ambas partes han ratificado que siguen apostando por el diálogo, que comenzó el pasado día 7 a bombo y platillo, en presencia de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y se atascó ayer viernes tras un avance del 95% en los puntos en discusión.
Pero la clave de todo, la restitución de Zelaya en la Presidencia, de la que fue expulsado el 28 de junio pasado, continúa sin acuerdo.
Zelaya propuso ayer que el Congreso Nacional decida sobre su regreso a la Presidencia, pues fue la instancia que lo destituyó mediante un decreto tras su derrocamiento y luego designó a Micheletti como gobernante del país.
La propuesta de Micheletti es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva ese tema ya que, según ha expresado, Zelaya tiene procesos pendientes por delitos políticos y comunes.
Tras el desacuerdo, Micheletti presentó ayer mismo otro planteamiento, cuyo contenido no desvelaron las delegaciones, que acordaron hacer consultas este fin de semana y reunirse posiblemente el próximo lunes.
El diálogo "no debería interrumpirse ni un segundo", afirmó a la prensa el ministro de la Presidencia, Rafael Pineda, mientras que Zelaya también indicó que "no se ha roto".
El depuesto mandatario dijo que el Parlamento debe decidir sobre su restitución porque "lo mejor es que el juicio político vaya donde los políticos y que los políticos se asesoren jurídicamente", pues también plantea que los diputados consulten a la CSJ.
Argumentó que rechazó la propuesta de Micheletti porque "la Corte es juez y parte en este golpe de Estado" por haber ordenado su captura el 28 de junio, en el marco de un proceso incoado por el Ministerio Público por promover una Asamblea Constituyente.
El ministro Pineda dijo que "la decisión final" de la crisis "no puede confrontar lo que corresponde a otros" poderes del Estado, y que "la Corte llegó hasta cierto nivel" al dictar la orden de captura, pero está pendiente el resto del proceso contra Zelaya.
Una integrante de la comisión de Micheletti, Vilma Morales, ex presidenta de la CSJ, reconoció ante la prensa que "éste es un problema político, pero también tiene un ropaje jurídico".
Las propuestas sobre la CSJ y el Parlamento "se aproximan" y reflejan que la solución de la crisis debe provenir "de la institucionalidad del país", apuntó otro miembro de la delegación de Micheletti, Arturo Corrales.
Zelaya pidió hoy que los cancilleres de los países de la OEA aumenten las sanciones contra el Gobierno de facto, pero rechazó que el movimiento de resistencia popular que exige su restitución utilice la vía de las armas.
"La lucha del pueblo debe de ser pacífica, yo practico la no violencia activa", declaró Zelaya telefónicamente a Efe desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde el 21 de septiembre pasado tras volver por sorpresa al país.
Aclaró que este es un mensaje para sus seguidores, no para el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien advirtió hoy en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), en Bolivia, que hay preocupación en Centroamérica porque la "resistencia hondureña" busca armas y centros de entrenamiento en su país, en Guatemala y en El Salvador.
Según Zelaya, el pueblo hondureño demostrará su fuerza con una "desobediencia civil, manifestaciones pacificas, marchas de protesta y el desconocimiento del proceso electoral", que deberá concluir el 29 de noviembre próximo.
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